En octubre de 2021 asumieron que el asunto venía complejo. El gobierno de Joe Biden propuso entonces congelar por 20 años la actividad minera aledaña a la reserva natural y parque nacional Boundary Waters, ubicado al norte del país, en Minnesota. Pero no pensaron que tres meses después el panorama iba a empeorar. 

“Después de una cuidadosa revisión legal, descubrimos que los contratos de arrendamiento se renovaron incorrectamente en violación a los estatutos y reglamentos aplicables, y estamos tomando medidas para cancelarlos”.

Ese fue el mensaje con el que la Secretaria del Departamento de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, anunció el 26 de enero de este año que cancelaba dos permisos mineros a Twin Metals Minnesota, la mina de cobre, cobalto, paladio, níquel y platino que Antofagasta Minerals, controlada por la familia Luksic, lleva más de 10 años tratando de construir. 

El conflicto es de larga data en el país del norte, y ha cruzado diversas acusaciones, lo que ha llevado a la firma a demandar al gobierno de Barack Obama; celebrar una decisión favorable que les dio el gobierno de Donald Trump, y estar en pleno análisis para una nueva arremetida en tribunales, ahora contra la administración de Joe Biden. 

Esta es la historia. 

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Es uno de los parques naturales más famosos de Estados Unidos. El Boundary Waters recibe 160 mil visitantes al año de todo el mundo, genera más de US$ 900 millones en actividad económica y mantiene con empleo a unas 17 mil personas. 

En los alrededores de dicho parque es donde existen desde los años ‘60 pertenencias mineras identificadas de metales que ahora son propiedad de una filial de Antofagasta Minerals, la misma que en Chile opera minas como Los Pelambres y que cotiza en la Bolsa de Londres. Hoy, con la crisis climática y el fervor por minerales como cobre, cobalto y níquel, para producción de energía y de dispositivos eléctricos, la inversión en EE.UU vuelve a tomar impulso. 

En 2010 Luksic entró con un porcentaje de la propiedad al proyecto que ya tenía los permisos para operar, y en 2015 dobló la apuesta y se hizo con el 100% de la firma, hoy bautizada como Twin Metals. En total, entre adquisiciones y estudios de exploración y aportes a la comunidad, ya han invertido US$ 450 millones. El plan es desembolsar US$ 1.700 millones incluyendo la construcción de la mina.

El desembolso de dinero y tiempo no es en vano. Están sobre una mina de oro, casi literalmente. El Complejo de Duluth, que es donde estará el proyecto minero de Antofagasta Minerals, contiene el 95% de las reservas de níquel de todo Estados Unidos, el 88% del cobalto, el 34% del cobre, el 51% del platino y el 48% del paladio.

Como ellos mismos dicen, 11 gobiernos de distintos signos políticos han permitido que Twin Metals exista. Eso hasta la segunda administración de Obama. Poco antes de dejar la Casa Blanca, en diciembre de 2016, la administración suspendió dos licencias para explotar minerales cercanos al Boundary Waters para conservar, dijeron, las prístinas aguas del parque nacional. 

Sin embargo, apenas Donald Trump llegó a Washington, el proyecto vivió un nuevo aire, y la demanda contra el gobierno se desvaneció. 

Sendas investigaciones de medios como The New York Times o The Washington Post, han tratado de linkear la relación de una de las empresas inmobiliarias de Luksic con Ivanka Trump y el expedito avance que tuvo el proyecto minero. Sin embargo, tanto Antofagasta Minerals, como Twin Metals y el propio Luksic a través de Twitter, han salido a desmentirlo una y otra vez. 

El informe jurídico

La decisión del Departamento de Interior de Estados Unidos se basó en un informe jurídico del fiscal del organismo, emitido un día antes. En 16 páginas se establecen una serie de irregularidades identificadas en el proceso desde 2017, cuando la era Trump dio el vamos al proyecto y le renovó los permisos ya revocados, lo que permitió que en 2019 la empresa pudiera iniciar la serie de procesos de permisos ambientales, legales y administrativos con el gobierno federal y oficinas locales. 

La nueva opinión legal de la Oficina del Procurador del Departamento de Interior, del pasado 25 de enero, “encontró deficiencias legales significativas en las circunstancias que rodearon la renovación de 2019, que incluyen: los formularios de renovación del contrato de arrendamiento contravenían las regulaciones del Departamento; el Departamento no reconoció debidamente la autoridad del Servicio Forestal de los Estados Unidos; y el análisis ambiental inadecuado no incluyó una alternativa de no renovación”, explica un comunicado de la secretaría.

Consultados en el Departamento de Interior de EE.UU. sobre si iniciarán acciones legales contra la empresa, solo se remitieron a lo dicho en el comunicado de prensa. Sin embargo, conocedores del caso indican que los antecedentes podrían ser enviados a la Fiscalía para que estudie los eventuales pasos a seguir.  

Cuando ese documento y un nuevo rechazo vio la luz, Twin Metals lanzó una dura respuesta. 

“El cambio de posición del gobierno federal sobre los arrendamientos de minerales que Twin Metals Minnesota y sus compañías predecesoras han tenido durante más de 50 años es decepcionante, pero no sorprende dada la serie de acciones que ha tomado la administración para tratar de cerrar la puerta al cobre y la minería de níquel en el noreste de Minnesota. Cuestionaremos este intento de detener nuestro proyecto y defenderemos nuestros derechos minerales existentes válidos. Esperamos prevalecer”, dijeron.

Las opciones, cuentan conocedores, van desde apelar a la decisión del Departamento de Interior, hasta demandar directamente al gobierno por interferir en su negocio ilegalmente. Cambiar el proyecto y rehacerlo sin las dos licencias que le fueron denegadas, también es una opción, pero por el costo y tiempo nuevo que significaría ello, se ve como una alternativa más lejana. 

En el mismo comunicado ahondaron en lo que creen son las verdaderas razones tras este rechazo. “Esto no se trata de la ley; se trata de una acción política destinada a detener el proyecto Twin Metals sin realizar la revisión ambiental prevista en la ley”.

“Nuestra propuesta, presentada hace más de dos años a agencias estatales y federales, fue la culminación de más de una década de trabajo de ingeniería, hidrogeología, ambiental y de compromiso que maximiza la protección ambiental. Estamos seguros de que una revisión ambiental completa indicará que la ciencia detrás de esta mina moderna demostrará que podemos avanzar en este proyecto de manera segura bajo los más altos estándares”, apuntaron.

Consultados por DF MAS, desde Twin Metals recalcaron que “todos los procesos de renovación y de solicitud de permisos correspondientes han sido realizados en cumplimiento de todas las normas y leyes de los EE.UU.”, y explicaron que están evaluando los pasos a seguir con el futuro del proyecto o si, por ejemplo, demandarán una indemnización al gobierno de Biden.  

Becky Rom, presidenta de Save the Boundary Waters.

Comunidad en pie de guerra 

Los principales argumentos que la minera ha dado a los vecinos al parque son que no habrá actividad minera a tajo abierto, que todo será subterráneo; que los relaves no generan ácido y no representan ningún peligro para el agua, las plantas ni la vida animal. Y que no habrá riesgo de fallas en estanques o represas.

Pero nada de eso los convence. El principal grupo ambiental que se ha opuesto por más de una década al proyecto es Save the Boundary Waters.

La presidenta del organismo, Becky Rom, una abogada retirada, cuyo padre fue propietario por más de 30 años de negocios de turismo aventura al interior de la reserva, explica que “permitir una mina gigantesca y tóxica de cobre sería una receta para el desastre. Las acciones de la administración de Biden son un bienvenido regreso al Estado de Derecho y son consistentes con más de cien años de acción federal para proteger este lugar especial”.

Apunta que el principal argumento en contra de esta mina es que una mina de sulfuro de cobre junto a Boundary Waters inevitablemente contaminaría este lugar, ensuciando el agua prístina, destruyendo el ecosistema y dañando la economía local. De acuerdo a la ambientalista, la extracción de mineral de sulfuro es, según la Agencia de Protección Ambiental, la industria número uno emisora de contaminación tóxica. 

Además, afirma que Antofagasta Minerals no se ha reunido con ellos. “No han hecho nada para reducir la oposición. La oposición se basa en la ubicación propuesta en el lugar natural más visitado de Estados Unidos. No hay nada que Antofagasta pueda hacer para que una mina de sulfuro de cobre en este lugar sea aceptable para la mayoría de los habitantes de Minnesota y los estadounidenses”, dispara.

La firma dice otra cosa. Desde 2010, han entregado más de US$ 550 mil en apoyo financiero a una variedad de organizaciones de la comunidad tales como educacionales, una orquesta y la organización Amigos de los Árboles de Ely, uno de los pueblos del lugar.

Además, hizo una campaña con la comunidad para que firmaran la petición de rechazar los 20 años de freno que propuso el gobierno de Biden en octubre pasado.

El título de la campaña era algo así como “Haga que su voz se escuche de nuevo: defienda la minería en Minnesota”. Dentro de los argumentos que entregaban para firmar estaba que si se promulga la propuesta de retiro, “el Estado perderá el potencial de miles de empleos mineros, miles de millones de dólares en ingresos para el sistema educativo de Minnesota y miles de millones en inversión económica en la región”.

Pero también apuntó al espíritu de EE.UU. “El retiro propuesto también cerrará la fuente nacional de minerales en bruto necesarios para combatir la crisis climática. Minerales para los que EEUU actualmente depende de fuentes extranjeras, incluidos Rusia y China”.

Todo está por verse.